Según la Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias hecha pública hoy por el INE, frente a la bajada experimentada en el primer trimestre del año, los desahucios sobre inmuebles que constituyen la vivienda habitual de las familias han aumentado un 1,5% en el segundo trimestre del año y un 8,4% en cómputo anual.De este modo, de las 32.960 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre el total de fincas en el segundo trimestre, el 58,1% corresponde a ejecuciones hipotecarias de viviendas.En el caso de las viviendas, Cataluña (3.994), Andalucía (3.981) y Comunitat Valenciana (3.342) registran el mayor número de ejecuciones, y La Rioja (61), País Vasco (94) y Comunidad Foral de Navarra (118) los menores.Hipotecas concedidas en plena burbuja inmobiliariaLa información publicada arroja otro dato revelador: tres de cada cinco hipotecas que fueron ejecutadas por impago en el segundo trimestre del año, se concedieron en
Los casos de violencia de género en los que el fiscal retira la acusación porque la mujer se niega a declarar contra su marido maltratador han aumentado un 36,6 por ciento desde el año 2007 y ya suponen más de la mitad (56,8%) de las causas de retirada de los cargos en este tipo de procedimientos.
El Tribunal avala por primera vez las disposiciones testamentarias que prohíben la actuación judicial de los beneficiarios contra lo dispuesto por el testador y sancionan a quienes incumplen esa condición.
El Tribunal Supremo ha fijado doctrina clara sobre la validez de las disposiciones testamentarias que prohíben la actuación judicial de los herederos contra lo dispuesto por el testador y sancionan al heredero que incumple esa condición con la reducción de sus derechos a la legítima estricta. Se trata además de una sentencia del Pleno, que sienta jurisprudencia.
El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, ha anunciado este martes que en las "próximas semanas" se prorrogará la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, cuya disposición adicional segundadesjudicializaba el Registro Civil para entregárselo a los secretarios judiciales o a los funcionarios de la Administración de Justicia.
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El Gobierno elaborará un régimen sancionador para las empresas que incumplan los plazos de pago a sus proveedores y, por tanto, la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que establece un plazo máximo de 60 días para el pago entre empresas y de 30 entre administración pública y empresas.Lo ha anunciado este miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras reunirse en la Delegación del Gobierno en Cataluña con el presidente de Pimec, Josep González, y el de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM) y vicepresidente de la patronal catalana, Antoni Cañete."Vamos a hacer cambios legislativos que contengan la seguridad para que también las grandes empresas cumplan la ley de morosidad en el pago a las pymes y autónomos", ha manifestado.En declaraciones
Jueces para la Democracia criticado que el Gobierno vea al "ciudadano que protesta" como "el enemigo" y ha considerado inadmisible que "un Gobierno pueda esconder las muestras de descontento hacia su gestión" prohibiendo las manifestaciones en el centro de las grandes ciudades con el único objeto de "invisibilizar" las protestas y "vaciarlas de contenido".El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha advertido además que el crítico informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana confirma la "preocupación" de numerosos sectores jurídicos ante el "recorte de libertades".
Según el informe sobre la situación de los órganos judiciales españoles elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el número de asuntos ingresados en 2013 en los Juzgados y Tribunales españoles se elevó a 8.636.016, lo que supone un descenso del 3,8 % respecto al año anterior,Salvo en la jurisdicción social, donde los asuntos han aumentado un 2,1 %, todas las jurisdicciones han experimentado disminuciones interanuales: del 15,5 % en la contencioso-administrativa; del 9,2 % en la civil y del 2,1 % en la penal.El número total de asuntos resueltos en 2013 fue de 8.875.557, es decir, casi 240.000 más que los ingresados, y el de asuntos en trámite a final de año era de 2.680.933.Por jurisdicciones, la cifra de asuntos ingresados en la civil fue de 1.670.305, un 9,2 % menos que en 2012.
El Gobierno ha firmado este martes un acuerdo para el desarrollo e impulso del Portal de la Transparencia, que costará 1,4 millones de euros y centralizará toda la información que va a hacer pública la Administración General del Estado.
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