Con el dictado de la famosa Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2013, que acordaba que las entidades de crédito debían devolver el dinero a sus hipotecados, muchas de estas entidades empezaron a ofrecer a sus clientes acuerdos cicateros a cambio de eliminar parcial o totalmente la cláusula suelo, pero sin devolver cantidad alguna. Abusando nuevamente de sus propios clientes y, aprovechándose de la confianza de estos, llegaron en algunos casos incluso a incluir una cláusula de confidencialidad y renuncia a reclamación posterior.

Pasado el tiempo, todas las entidades se han negado a devolver cantidad alguna a dichas personas de forma amistosa, haciendo valer el pacto firmado, y acogiéndose a dicho acuerdo, enturbiando con ello las posibilidades de éxito en un eventual procedimiento judicial.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS 491/2017, de 13 de septiembre) ha resuelto un recurso de casación dimanante de un procedimiento en el que se había ejercitado una acción de nulidad del contrato de depósito y administración de valores, y subsidiariamente, una acción resolutoria del mismo contrato, en ambos casos por incumplimiento por el banco demandado del deber de información sobre las características y riesgos de unos bonos (preferentes) de Landsbanki Island.
La sentencia de primera

La Audiencia de Valladolid ha condenado al Banco Popular a devolver 11.870 euros a un cliente al que aplicó una cláusula suelo, con lo que eleva la cuantía que el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de la capital cifró inicialmente en 6.841 euros. La diferencia del importe a devolver radica en que mientras el Juzgado fijó el periodo a partir del cual debía devolverse lo pagado para este concepto desde mayo del 2013, cuando al Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo hipotecarias, la Audiencia aplica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)y obliga a devolver el dinero  desde el principio de la contratación del préstamo, el 20 de noviembre del 2007, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El tribunal supremo, en su sentencia 260/2017, de 6 de abril, se pronuncia de manera tangencial sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin poder entrar en el fondo del asunto.